Con el propósito de instrumentar acciones en defensa del trabajo, la producción y de los sectores más vulnerables del distrito, Ituzaingó constituyó el Consejo Económico Social como un espacio de articulación de acciones conjuntas por parte del sector público y privado.
Como primera acción concreta, el Consejo convoca el 28 de mayo a la asamblea en la cual se informará a los vecinos sobre las condiciones para acceder a las tarifas sociales y se firmará un petitorio que se elevará a las autoridades nacionales a fin de exigir la incorporación de importantes sectores que no han sido incluidos por el Ministerio de Energía de la Nación en el diseño de la tarifa social.
El Consejo expresa a través de la convocatoria que: "vemos con enorme preocupación las decisiones del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial respecto del desmedido tarifazo en los servicios de luz, gas y agua, sumado a una política que destruye el consumo y el mercado interno generando una precarización del empleo y despidos en el ámbito público y privado".
A comienzos del mes de mayo se realizó la presentación formal del Consejo Económico Social de Ituzaingó y contó con la presencia de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Defensoría del Pueblo de Ituzaingo, la Mesa en Defensa del Trabajo y el Mercado Interno, trabajadoras vecinales del Plan Más Vida, Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), la Parroquia San José, el Sindicato Docentes Escuelas Técnicas (AMET), la Asociación de Capellanes, Inspección de Educación, la Farmacéutica Géminis, la Asociación de Centros de Jubilados, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Pastoral de Ituzaingo, entre otras instituciones.
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